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Opinión

  • Nuevo marco para la protección de datos

    06 de febrero 2012

    El siempre complicado asunto de las leyes que regulan la privacidad de los datos está en plena ebullición. La buena noticia es que el Tribunal Europeo ha fallado que el Estado español se excedió en la trasposición de la directiva europea de protección de datos, provocando un perjuicio a las empresas de nuestro país. No es un consuelo saber que se nos ha dado la razón a lo que decíamos años ha en este espacio, denunciando el comportamiento absurdamente quijotesco de un gobierno en perjuicio de sus empresas y su competitividad en un mundo cada vez más globalizado. Han tenido que ser el Tribunal Europeo y la insistencia del sector, encabezado por FECEMD, ahora Adigital, los que hayan puesto las cosas en su sitio. Pero, mientras tanto, han pasado nada menos que catorce años, se han impuesto multas descabelladas, se han cerrado empresas y otras muchas se han trasladado al otro lado de los Pirineos. Un disparate que llega a su fin y del que nadie va a ser responsable, ni siquiera político. De hecho, algunos han alardeado todo este tiempo de tener un país con la mejor ley de protección de datos, a costa del propio país.

    La mala noticia es que se aproxima una repetición del mismo error a escala europea a través de una nueva directiva de protección de datos en el entorno de internet. Las obligaciones que impone el borrador van en principio mucho más allá de las que tienen las empresas de otros bloques económicos competidores y, en algunos casos, son incluso contraproducentes para el consumidor, como por ejemplo las políticas de privacidad de seis folios que todo el mundo acepta sin leer. La alternativa que propone la coalición alrededor de la World Federation of Advertisers (una política unificada, sencilla y bien identificada en cada página) parece mucho más conveniente para consumidores y empresas. No hay espacio aquí para análisis en detalle pero, afortunadamente, el proceso será largo y en él se irán viendo propuestas de todas las partes. Resulta casi humorístico que en España a los medios generalistas les hayan llamado la atención por fuertes las multas previstas (hasta un 5% de la facturación de la empresa) en el proyecto europeo, cuando nuestra ley establece un régimen de sanciones que no tiene en cuenta el tamaño de la empresa, sino la gravedad de la infracción y puede suponer, y en ocasiones ha supuesto, su desaparición.

    Será interesante ver cómo evoluciona el proyecto, pues hay intereses enfrentados. Por un lado, el de empresas europeas y estadounidenses; por otro, el de los medios digitales frente a las empresas de segmentación por comportamiento; por otro, el de los medios convencionales frente a la actividad de respuesta directa, etcétera.

    El objetivo en sí debería ser, como siempre, proteger los derechos de los ciudadanos sin bloquear el desarrollo de la sociedad de la información que, como tal, necesita de datos. Se logré o no, al final de todo esto habrá una directiva que cada país de la UE tendrá que trasponer a su legislación. Esperemos que entonces el gobierno de turno no quiera calarse el yelmo de Mambrino.

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